La Cooperativa Tierra y Libertad (El Bosque, Cádiz, España, 1989-) fue creada por el Sindicato de Obreros del Campo en 1989, como una forma de demostrar que era posible que los jornaleros trabajasen la tierra que ellos mismos gestionaban, sin necesidad de contar con patrones y terratenientes.

La finca de 60 hectáreas donde se ubicó se había comprado el año anterior. Dedicada a la ganadería, la agricultura y la venta de productos.
Desde el sindicato querían demostrar con esta experiencia que era posible desarrollar la reforma agraria por la que el SOC llevaba tiempo luchando, siendo posible vivir de la tierra sin necesidad de seguir la política agraria comunitaria en la que se planteaba el uso de químicos y técnicas de producción a partir de maquinarias. La estructura organizativa de la cooperativa estaba formada por una Comisión Rectora compuesta por trabajadores de la cooperativa y miembros del sindicato. Se reunían mensualmente, y sus funciones eran coordinar y regir la vida de la Cooperativa para conseguir los objetivos: autosuficiencia, convivencia sana entre los participantes, y que fuera un lugar de encuentro a partir de la organización de actividades.

Nacido en un pueblo de Jaén, sus circunstancias personales, sumado al contexto bélico que asolaba España en sus años de juventud, le obligaron a emigrar hacia diferentes lugares de Andalucía. Su hermano y él decidieron partir hacia el Cortijo de Tercia, en San Jerónimo, donde se arrendaban parcelas para vivir y cultivar. Allí permanecieron hasta que el dueño de los terrenos, Pablo Benjumea, dejó de arrendar las tierras, fue entonces cuando Ignacio se trasladó a la Bachillera y arrendó 1000 metros cuadrados, construyendo un hogar y un establo para mantener a su familia.

Creada a iniciativa de las uniones de agricultores y ganaderos existentes en las ocho provincias andaluzas, con la finalidad de coordinar la defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales de los agricultores, ganaderos y de las explotaciones familiares agrarias de Andalucía, así como la prestación a sus afiliados de los servicios de carácter técnico y del asesoramiento necesarios para el ejercicio de sus actividades.