Prestación Social Sustitutoria (España, 1984-2001)

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    • Nota de fuente: https://datos.bne.es/resource/XX537197
    • Nota histórica: La Prestación Social Sustitutoria (PSS) en España fue una alternativa al servicio militar obligatorio para aquellos que, por razones de conciencia, se declaraban objetores al servicio militar. Esta alternativa les obligaba a realizar trabajos de carácter social en lugar de servir en las Fuerzas Armadas, siendo estos trabajos una forma de castigo y de mano de obra barata para los objetores de conciencia. Desde la aprobación de la ley en 1984, la PSS debía durar trece meses, y bajo una reforma en 1998, pasa a reducirse a nueve meses. Hasta la derogación de la Ley de Objeción de Conciencia, la prestación social sustitutoria sería obligatoria, terminando el 31 de diciembre de 2001.
    • Nota de fuente: García Rivas, Nicolás. (1992). Los delitos de insumisión en la legislación española. [*Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales]*](https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-P-1992-30088100932) (pp. 881-932). Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado.

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      Prestación Social Sustitutoria (España, 1984-2001)

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        Términos equivalentes

        Prestación Social Sustitutoria (España, 1984-2001)

        • Usado para PSS
        • Usado para Servicio social sustitutorio
        • Usado para Servicio militar alternativo
        • Usado para Servicio civil

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        ES ADMC-006-INT-V-C141-000-C · UD · [o] 2025-03-06
        Parte de Colección Insumisión

        Un grupo de cuatro activistas del MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) saltan la valla de la base militar de la OTAN en Morón de la Frontera para realizar una ocupación simbólica en terreno militar extranjero. Entre los activistas se encuentra Jacobo Vega, insumiso a la Prestación Social Sustitutoria (PSS) en orden de busca y captura por no presentarse a su juicio civil. En esta acción, Jacobo explica a cámara cuál era su situación judicial, su negativa a permanecer oculto y de la continuidad en participar en acciones antimilitaristas pese a encontrarse en busca y captura . Narra cómo el allanamiento en terreno militar tiene una pena de entre 3 meses y 6 años de prisión, que se sumarían, en su caso, a la petición fiscalia de 2 años, 4 meses y 1 día de prisión por su negativa a realizar la PSS.

        Después de sus declaraciones, el grupo sostiene una pancarta con el lema "Desmilitarización". Tras una resistencia pasiva, la Policía Militar traslada a los ocupantes fuera del recinto militar y hace la entrega a la Guardia Civil para que ejecuten la detención.

        Agudo, Mariano