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A las puertas del Centro Penitenciario Sevilla 1 (antigua Cárcel de la Ranilla), una concentración pide la liberación de Jacobo Vega, insumiso que fue detenido durante unas jornadas en el Rectorado de la Universidad de Sevilla por encontrase en busca y captura. Después de pasar por dependencias policiales es conducido al juzgado y encarcelado por orden del juez de manera preventiva. Después de visitar al insumiso, Jose Luis Batres, miembro del MOC, comunica a la prensa y concentrados del estado anímico de Jacobo Vega dentro de prisión y de los pasos a seguir en su estrategia desebediente.

Estando en busca y captura por no comparecer a su juicio al negarse a realizar la Prestación Social Sustitutoria (PSS) y el Servicio Militar Obligatorio (SMO), el insumiso Jacobo Vega fue detenido por dos policías de paisano tras una protesta realizada en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. Tras su detención fue trasladado a la comisaría y acto seguido al Palacio de Justicia de Sevilla, donde se celebró un juicio rápido. Sus compañeras y compañeros se organizaron rápidamente para poder prestar apoyo al insumiso en el exterior del juzgado.

Durante este juicio, Jacobo negó la legitimidad del tribunal a juzgar su conciencia y se opuso a declarar, optando por una nueva línea de actuación en la estrategia de enfrentamiento a la represión selectiva a la que sometían a los insumisos con este tipo de enjuiciamientos. Posteriormente, fue trasladado en un furgón policial al Centro Penitenciario de Sevilla 1 (antigua Cárcel de la Ranilla) y encerrado en prisión preventiva como medida cautelar.

Un grupo de cuatro activistas del MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) saltan la valla de la base militar de la OTAN en Morón de la Frontera para realizar una ocupación simbólica en terreno militar extranjero. Entre los activistas se encuentra Jacobo Vega, insumiso a la Prestación Social Sustitutoria (PSS) en orden de busca y captura por no presentarse a su juicio civil. En esta acción, Jacobo explica a cámara cuál era su situación judicial, su negativa a permanecer oculto y de la continuidad en participar en acciones antimilitaristas pese a encontrarse en busca y captura . Narra cómo el allanamiento en terreno militar tiene una pena de entre 3 meses y 6 años de prisión, que se sumarían, en su caso, a la petición fiscalia de 2 años, 4 meses y 1 día de prisión por su negativa a realizar la PSS.

Después de sus declaraciones, el grupo sostiene una pancarta con el lema "Desmilitarización". Tras una resistencia pasiva, la Policía Militar traslada a los ocupantes fuera del recinto militar y hace la entrega a la Guardia Civil para que ejecuten la detención.